Ferias,
Mercados y Mataderos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley para unificar las normas de control de la calidad de los alimentos, así como las multas en caso de fraude, con el objetivo de garantizar igualdad de trato a las empresas en todas las autonomías.

El proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria homogeneiza las reglas en las comunidades autónomas y el régimen sancionador, según ha explicado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo.

García Tejerina ha señalado que la nueva regulación incorpora al control alimentario los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y da respuesta a una reivindicación de los empresarios, sobre todo por las disparidades y "disfunciones" existentes entre las autonomías.

El texto, que debe pasar la tramitación parlamentaria, aglutinará en una norma armonizada el sistema de inspecciones y controles -tanto de los funcionarios públicos como "autocontroles" privados- y tipificará las sanciones, con importes "disuasorios, para que no sea rentable defraudar".

Afecta a las distintas etapas de la cadena de suministro del producto, desde la salida de la explotación a la llegada a los almacenes de logística; concierne a las materias primas o ingredientes, a los procesos de obtención del alimento a la presentación y al etiquetado de venta al público.

La ley suplirá la "carencia" de una norma actualizada sobre control en la calidad en el comercio alimentario, ya que la actual data de 1983, y se adapta a la reglamentación de la Unión Europea, según García Tejerina.

En cuanto a las penalizaciones, tipifica las infracciones leves, graves o muy graves, así como una horquilla sobre la cuantía de las multas.

La ministra ha insistido en que la regulación favorecerá la competitividad de las empresas y evitará que los operadores se enfrenten a "cargas administrativas por una multiplicidad de normas autonómicas".

En cuanto a las sanciones, pretende salvar los obstáculos con que se encuentran los operadores al recibir un tratamiento distinto según la Comunidad Autónoma, dentro de todos los eslabones de la cadena (productores, industria y distribución).

El proyecto también establece redes de intercambio rápido de información entre el Ministerio y las autonomías -quienes tienen competencias en el control alimentario-, para coordinar las actuaciones y la interpretación de las normas.

Una de ellas será la "Red Informativa de Calidad (Rical)" para unificar criterios entre autoridades e inspectores y otra la "Red de Intercambio de Información de Calidad Alimentaria (Riica), para la comunicación rápida si hay fraude.

Además, se crea la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, un grupo de trabajo para la cooperación entre las Administraciones.

La ministra ha apuntado que el proyecto forma parte de los "esfuerzos" para revisar las normas de calidad de los productos alimentarios y añade cambios que el Gobierno ha pactado ya con los sectores para más de 500 productos.