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El sector agroalimentario "ha ganado peso y protagonismo" en esta legislatura, "tanto en lo económico como en lo político", gracias a la "contribución" de los dos ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de este mandato, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina.

Así lo asegura en una entrevista con Efeagro el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, en la que repasa las políticas adoptadas en los últimos cuatro años de gestión del Gobierno en este ámbito.

Villafranca valora diferentes iniciativas, como el acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo o la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

En líneas generales, cree que ha sido una legislatura "hiperactiva", con una "visión de la cadena alimentaria" y una proyección "a largo plazo" que "no suele ser habitual en política".

Arias Cañete y García Tejerina han permitido "mejorar la visibilización" de un sector que "solía pasar desapercibido", sobre todo para "muchos ministerios" que lo veían como "algo que tenía más que ver con el pasado que con el futuro".

"Afortunadamente estamos consiguiendo romper estos prejuicios y esperemos que en los próximos años confirmemos esta tendencia", señala.

Para Villafranca, ambos ministros identificaron "desde el primer momento" las cuestiones "claves" para el desarrollo del sector agroalimentario, como fueron contribuir al reequilibrio de la cadena, mejorar la posición de los agricultores en el mercado, potenciar la internacionalización y fomentar la vertebración sectorial a través de las interprofesionales.

Ve positivo el acuerdo para la sostenibilidad del lácteo porque "por primera vez" se reunió a "prácticamente todo" el sector, aunque admite no obstante que es "mejorable" y pide que se cumpla lo pactado.

Sobre la Ley de Integración Cooperativa, señala que es un "hito", que supone una apuesta "decidida" por la vertebración económica del sector y "un mensaje" a las comunidades autónomas "para que vean las integraciones supra-autonómicas como una necesidad ineludible".

La Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena, según apunta, "marca el terreno de juego", establece unas normas e instaura un organismo que se encarga de velar por su cumplimiento (la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA).

Por ello, la considera una norma "valiente", hecha "a pesar de la oposición" de las "poderosas" cadenas de distribución y, "posiblemente, a pesar de otros ministerios con una percepción más liberal del mercado".

En cuanto a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), afirma que España "salió bien parada", consolidando un presupuesto global similar al anterior, de 47.000 millones de euros.

En este punto, sin embargo, opina que se ha perdido "una gran oportunidad" para hacer una distribución de las ayudas con una óptica "más estratégica y de largo plazo".

Villafranca cita como pendientes la aplicación de su "controvertida" Ley de Representatividad e "importantes cuestiones" como el cierre del Plan Hidrológico.