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La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha propuesto al Gobierno de España que defienda la inclusión de un fondo específico para compensar a los productores ante eventuales situaciones de crisis entre las medidas de la nueva Política Agrícola Común (PAC).

Según ha informado la Generalitat, Maritina Hernández ha participado en la reunión del Consejo Consultivo de Agricultura, en el que las comunidades autónomas y el Gobierno han acordado la puesta en marcha de una estrategia de carácter nacional para mejorar la propuesta de Bruselas y lograr que ésta se adecúe a los intereses de España y de la Comunitat Valenciana.

En este foro, se ha referido a la posibilidad que contempla el nuevo marco de la Organización Común de Mercado de gestionar un fondo para hacer frente a situaciones de crisis, que estaría dotado con 3.500 millones de euros.

Ha señalado que esa propuesta "sigue dejando fuera a la mayor parte de los productores de la Comunitat Valenciana, por lo que es necesario que este fondo esté incluido en la propia PAC y no limitado a aquellos que utilicen los instrumentos que prevé la OCM".

La consellera ha puesto como ejemplo la crisis provocada por la alerta decretada en Alemania por una contaminación por E.coli o la actual situación de los precios de los cítricos para insistir en la necesidad de adoptar una medida de este tipo en la negociación de la nueva PAC.

Ha planteado que el fondo sea de aplicación inmediata en el momento en que los precios caigan por debajo de un determinado nivel.

Además, no debe ser cofinanciado por los estados miembros, ya que se trata de una medida de mercado ante una crisis, y debe aplicarse a todos los productores del estado miembro afectado por la crisis.

Por otra parte, la titular de Agricultura ha insistido en que la nueva PAC debe fijar normas que garanticen el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria protegiendo al eslabón más de la misma, el agricultor.

Para ello se debe extrapolar el modelo que se ha seguido en el sector lácteo, que prevé contratos escritos que deberían ser obligatorios y que las excepciones a la aplicación de la legislación de competencia se extiendan al resto del sector agrario.

También en materia de política exterior señala que debe recuperarse el principio de preferencia comunitaria y considera irrenunciable la aplicación del principio de reciprocidad en la relaciones con países terceros para garantizar la seguridad sanitaria, fitosanitaria y zoosanitaria de los productos que llegan a la Unión Europea y protegernos ante posibles amenazas de plagas y enfermedades.

Por último, ha pedido al ministro que permanezca vigilante durante el semestre de presidencia de Dinamarca para evitar que se impongan criterios medioambientales o de defensa de la agricultura continental que supongan un perjuicio para los intereses de la Comunitat Valenciana.