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La organización agraria COAG de Castilla y León considera que el supuesto fraude por el que se investiga a la Coordinadora Agraria a nivel nacional, que no afecta a esta comunidad autónoma, no sólo no les va a perjudicar en las elecciones agrarias sino que incluso movilizará aún más a su gente.

El secretario general de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha lamentado que tras un año y medio de investigación haya sido ahora cuando se ha hecho pública la investigación por el presunto fraude, algo que ha considerado que no es casual sino "intencionado" al coincidir con los últimos días de la campaña electoral agraria.

Rivera ha precisado que la investigación se circunscribe a 31.899 euros, según admite la Intervención General del Estado como cantidad de un "posible fraude que no lo hay, de momento no tenemos nada y solamente se circunscribe a ese dinero", ha indicado a preguntas de los periodistas antes del acto de cierre de la campaña electoral en Zamora de la Alianza integrada por COAG y UPA.

El secretario general autonómico de COAG ha sostenido que ese asunto no sólo no les va a pasar factura sino que, al contrario, han apreciado "una movilización general y todo el apoyo por parte de las dos organizaciones con más ahínco que antes para ir a votar".

Ha agregado que lo que ha conseguido en realidad el que se haya hecho pública ahora la investigación es "todo lo contrario, movilizar más a nuestra gente y va a participar más gente a votar".

El máximo responsable autonómico de COAG se ha mostrado satisfecho con la campaña desarrollada por la Alianza y ha confiado en que van a aumentar su porcentaje de voto y van a obtener representatividad en las tres provincias en las que no la tenían.

Ha defendido un modelo social y profesional de agricultura y ganadería frente al modelo "empresarial" del sector que a su juicio defiende Asaja.

Por su parte, el secretario general de UPA de Castilla y León, Aurelio González, ha reclamado soluciones al problema de la fauna salvaje, tarifas eléctricas adaptadas al sector, un cambio de la Ley de Montes o que se fijen los costes de producción para que la industria no "engañe" a los profesionales agrarios.