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La industria agroalimentaria ha reprochado al Gobierno tanto su gestión de la crisis sanitaria por la covid-19 como la falta de medidas para recuperar la actividad tras la pandemia, y le ha exigido que cambie de actitud y escuche a los sectores implicados.

El Gobierno tendrá aprobado en un máximo de cuatro meses el proyecto de ley para adaptar al ordenamiento nacional la directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria, lo que supone completar la "revisión global" de su funcionamiento.

Los accidentes laborales en el campo están dejando un goteo silencioso de muertes, algunas recogidas en estadísticas y otras simplemente ignoradas por no ajustarse siempre el perfil de los afectados al de los trabajadores registrados.

Los grupos parlamentarios con representación en el Senado han hecho su análisis sobre la gestión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, oscilando entre la aprobación (fundamentalmente desde el PSOE) y las críticas a su gestión al verla ineficaz o insuficiente.

La agricultura en la Unión Europea (UE) necesita financiación de entre 19.800 y 46.600 millones de euros, mientras que las empresas agroalimentarias requieren de más de 12.800 millones, según un informe difundido por la iniciativa europea fi-compass.

El director general de la Unión de Uniones, Antonio Castellanos, ha afirmado este lunes que la covid-19 "sólo ha agravado una crisis que los agricultores y ganaderos ya traíamos, por desgracia, puesta de casa”, en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.


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