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La guerra en Oriente Medio ha devuelto una variable incómoda al mercado cerealista: la incertidumbre. Por ahora, el primer reflejo en España ha sido una subida de las cotizaciones de los cereales en los mercados mayoristas, en un movimiento que no responde tanto a un problema inmediato de abastecimiento físico como a la suma de tensión energética, encarecimiento logístico, nerviosismo financiero y dudas sobre los fertilizantes, un insumo esencial para la próxima campaña.

Los datos conocidos este martes sitúan el foco en el mercado nacional. Según Accoe, en la primera semana completa de marzo, ya bajo el impacto del conflicto, la avena subió un 2,43 %; el trigo blando, un 1,89 %; el trigo duro, un 1,33 %; el maíz, un 1,70 %; y la cebada, un 1,73 %. La reacción española, aunque moderada frente a otros episodios históricos, confirma que la tensión geopolítica ya ha entrado en la formación de precios del cereal.

Ese repunte tiene especial relevancia en un país como España, que no observa el mercado cerealista desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. El Ministerio de Agricultura recuerda que España mantiene un déficit estructural de producción de cereales y que necesita importar de media alrededor de 16 millones de toneladas, con el maíz como principal especie importada. Eso convierte al sector español en especialmente sensible a cualquier alteración del comercio marítimo, del coste del combustible o del precio de las materias primas ligadas a la nutrición vegetal.

La lectura del momento obliga, sin embargo, a distinguir entre dos planos. El primero es el de los precios de venta del cereal, que en España han empezado a repuntar. El segundo, y probablemente más delicado para el agricultor, es el de los costes de producción, que están reaccionando con mucha mayor violencia. En otras palabras: el cereal sube, sí, pero los insumos amenazan con subir más y más deprisa.

El mercado internacional está enviando señales contradictorias, y ahí reside parte de la dificultad analítica. En Europa, Euronext París llegó a abrir este martes con avances de hasta el 1,75 % en trigo, del 2,75 % en maíz y del 6 % en colza, mientras que en Chicago se registraban caídas acusadas en trigo, maíz y soja. Esa divergencia revela un mercado dominado por la volatilidad: en Europa pesan más el coste energético, la proximidad al riesgo logístico y la sensibilidad importadora; en Estados Unidos también operan correcciones técnicas, expectativas de oferta y un cierre de mercados que no siempre incorpora al mismo ritmo los giros del petróleo.

De hecho, la propia secuencia del crudo resume bien la naturaleza del momento. Reuters informó este martes de una caída superior al 5 % del petróleo tras señales de posible desescalada, después de un arranque de conflicto que había disparado las cotizaciones por encima de los 119 dólares. Esa oscilación brusca es precisamente la que contamina el mercado agrario: no tanto porque el cereal tenga una relación mecánica con el crudo, sino porque el petróleo reordena de inmediato el coste del transporte, las primas de riesgo marítimo, el precio del gas y las expectativas sobre fertilizantes y biocombustibles.

El principal canal de transmisión del conflicto hacia el cereal es, por tanto, indirecto pero potente. Si el Estrecho de Ormuz sigue bajo presión, aumenta el precio de mover mercancías y se encarecen los seguros de guerra. Reuters ha documentado que las primas de seguro marítimo para la zona se han disparado, en algunos casos, más de un 1.000 %, mientras la Organización Marítima Internacional ha alertado de la gravedad de la situación para la navegación en el Golfo. Para un país importador neto como España, eso significa más costes potenciales en los granos y oleaginosas que llegan del exterior.

Pero el frente más delicado no está hoy en el saco de cereal, sino en el almacén de insumos. COAG calcula que la subida del gasóleo B y de la urea ya cuesta al campo español 2,4 millones de euros diarios, tras una semana en la que el gasóleo agrícola habría pasado de 0,85 a 1,20 euros por litro y la urea de 500 a 600 euros por tonelada. La organización agraria proyecta que, si esa escalada se consolidara, el sobrecoste anual rondaría los 890 millones de euros, con un impacto notable sobre explotaciones cerealistas medias.

Para una explotación de cereales de 150 hectáreas, COAG cifra el golpe anual en 5.250 euros más por gasóleo B y 3.600 euros más por urea. La organización sostiene, además, que la intensidad de estas subidas no se corresponde plenamente con la estructura real de suministro española y denuncia un posible componente especulativo en la distribución, razón por la que ha pedido a la CNMC que investigue la fijación de precios. Esa acusación no equivale, de momento, a una constatación oficial de abuso, pero sí introduce un elemento clave en el debate: una parte del shock podría estar llegando antes por expectativa financiera que por escasez física efectiva.

Ese matiz es importante porque evita una lectura simplista. No toda subida de costes significa que España se haya quedado sin producto. De hecho, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe) ha señalado que las compañías que operan en España cuentan, por ahora, con existencias para “dos o tres meses”. Es decir, el riesgo inmediato no sería tanto de desabastecimiento súbito como de encarecimiento, estrechamiento progresivo del mercado y deterioro de márgenes si el conflicto se prolonga.

Aun así, la fragilidad es real. Anffe advierte de que por Ormuz transitan normalmente alrededor del 30 % de la urea y del azufre y cerca del 20 % del gas natural mundial, tres elementos estrechamente ligados a la fertilización nitrogenada. En paralelo, Reuters informó de cierres y disrupciones en plantas de fertilizantes y rutas marítimas de la región, en un momento especialmente sensible para la campaña de primavera en el hemisferio norte. La conclusión es clara: incluso si España dispone hoy de stock, un conflicto largo tensionaría inevitablemente la reposición y el precio de las materias primas.

La FAO ha reforzado esa advertencia al señalar que la escalada en Oriente Próximo puede elevar los costes de producción y transporte de los agricultores de todo el mundo a través de la energía y los fertilizantes. En su última actualización, además, indicó que el índice mundial de precios de los cereales subió en febrero un 1,1 % mensual y que, aunque el balance global de existencias sigue siendo relativamente cómodo, el conflicto añade una capa de riesgo sobre un mercado que venía digiriendo heladas, disrupciones logísticas en el área del mar Negro y cambios en las siembras.

Para el cereal español, eso dibuja un panorama de tres escenarios. El primero, y más benigno, sería el de una desescalada relativamente rápida. En ese caso, el alza reciente del trigo, la cebada o el maíz en España podría quedarse en un rebote coyuntural, alimentado por el pánico inicial y corregido después por el retroceso del petróleo, la normalización parcial de las rutas y unas existencias mundiales suficientes. Sería un escenario de alivio para compradores, ganaderos e industria de piensos, aunque no necesariamente devolvería de inmediato los insumos a los niveles previos.

El segundo escenario es el de una guerra prolongada sin colapso total del comercio, probablemente el más verosímil a corto plazo. Aquí el cereal en España mantendría una tendencia alcista moderada o intermitente, muy condicionada por la volatilidad internacional, mientras el verdadero deterioro recaería en los costes del campo: gasóleo, fertilizantes, financiación de circulante y logística. Bajo ese supuesto, el agricultor podría vender algo mejor, pero sin recuperar margen real, porque compraría bastante peor. Para el sector cerealista español, esa es la zona de mayor incomodidad: subidas insuficientes en lonja frente a incrementos intensos en los gastos.

El tercer escenario es el más severo: una disrupción prolongada y profunda en Ormuz con persistencia del riesgo marítimo, nueva tensión del gas y escasez prolongada de fertilizantes. En ese contexto, el efecto no sería sólo financiero, sino físico. Podrían retrasarse suministros, encarecerse más los abonos nitrogenados y alterarse las decisiones de siembra en grandes productores. Reuters recoge que los analistas contemplan, por ejemplo, que algunos agricultores reduzcan maíz y se desplacen hacia soja, cultivo menos intensivo en nitrógeno. Si ese patrón se extendiera, cambiaría el equilibrio internacional de oferta y añadiría presión adicional sobre el maíz, precisamente el cereal más importado por España.

También hay un posible efecto de segundo orden sobre la demanda. Un petróleo caro mejora la competitividad relativa de algunos biocombustibles y puede favorecer el uso de bioetanol, lo que refuerza el interés por el maíz en determinados mercados. No es un mecanismo automático ni uniforme, pero sí una palanca que el mercado sigue de cerca cuando el precio de la energía entra en fase de estrés.

En el plano interno, las lonjas españolas empiezan a reflejar ese cambio de clima. La Lonja de León constató una subida de 2 euros por tonelada en trigo y avena y de 1 euro en cebada, mientras el maíz dejó de cotizar temporalmente a la espera de precio en seco. No es una escalada abrupta, pero sí un síntoma de que el mercado doméstico ha abandonado la fase de apatía y ha entrado en una lógica de vigilancia constante.

La gran cuestión de fondo es si la guerra acabará trasladándose con más intensidad al precio que cobra el agricultor o si, por el contrario, quedará principalmente incrustada en sus costes. Hoy, con la información disponible, la segunda hipótesis parece más sólida. España ya registra un repunte en trigo, cebada, avena, maíz y trigo duro, pero el impacto más inmediato y cuantificable está en el gasóleo B, en la urea y en el nerviosismo de la cadena logística. Dicho de otro modo: el cereal español empieza a subir, pero el campo todavía teme más lo que compra que lo que vende.

En comparación con la crisis alimentaria desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, el choque actual todavía no alcanza la misma magnitud. EFEAgro recoge que el propio Ministerio de Agricultura ha pedido prudencia y que analistas consultados no ven, por ahora, una réplica de aquel episodio. Sin embargo, eso no equivale a minimizar el riesgo. La combinación de dependencia importadora española, volatilidad financiera, seguros marítimos disparados y fertilizantes tensionados configura un escenario suficientemente serio como para alterar márgenes, decisiones de compra y expectativas de precios en toda la cadena cerealista.

Para España, la conclusión es tan incómoda como nítida. En el muy corto plazo, el conflicto ha devuelto algo de firmeza a las cotizaciones del cereal. Pero en el medio plazo, si la guerra se prolonga, la clave no estará sólo en cuánto suba el trigo o el maíz, sino en si el agricultor puede sostener la próxima campaña con fertilizantes más caros, energía más costosa y una logística internacional mucho más inestable. En un país estructuralmente importador de cereales, ese equilibrio entre precio de venta y coste de producción será el verdadero termómetro de la crisis.