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Patronal cárnica y sindicatos rubricarán el próximo lunes, después de casi dos años de dura negociación, uno de los convenios colectivos agroalimentarios más importantes que se salda con un intercambio: alzas salariales a cambio de mayor flexibilidad laboral para impulsar la competitividad empresarial.

El acuerdo afectará a entre 80.000 y 90.000 trabajadores y a más de 2.000 empresas -hasta 3.500 si se suman todas las micropymes y pequeñas salas de despiece, calculan fuentes sindicales-, de un sector que crece pese a la crisis, factura más de 18.000 millones y está inmerso en un proceso de internacionalización y la apertura de negocios de mayor valor: los transformados y los envasados.

Desde la Federación Agroalimentaria de CCOO apuntan que los trabajadores no perderán derechos en el contexto actual y que se han limitado los aspectos "lesivos" de la reforma laboral y desde Fitag-UGT destacan también la regulación y mejora de la jornada laboral y la protección de un mayor número de empleados.

El portavoz de las patronales negociadoras, Conrado López, ha señalado a Efeagro que llegar al texto final ha sido posible gracias a los "esfuerzos" y cesiones de todas la partes.

Detalla que, pese a las circunstancias adversas derivadas de la fuerte crisis económica, se recogen crecimientos moderados de salarios del 0,5 % para 2012 y del 0,6 % en 2013 -en 2014 se revisará en función del PIB del año anterior-.

Ha reconocido los esfuerzos de los sindicatos para aceptar avanzar en la flexibilidad laboral e, incluso, para la supresión de la restricción que pesaba hasta ahora para que las empresas puedan contratar a través de cooperativas de trabajo asociado.

Sobre otras características del documento, López apunta que "la sumisión" al arbitraje en caso de conflictos será voluntario y que, en caso de que no hubiese acuerdos en el futuro sobre retribuciones, se mantendrían indefinidamente las cifras pactadas ahora.

Y "se cierra" la posibilidad de que puedan impulsarse otros convenios sectoriales en ámbitos interterritoriales inferiores, provinciales o autonómicos, añade, para evitar su proliferación.

El secretario general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Miguel Huerta, ha explicado a Efeagro que ha sido un largo proceso de 20 meses de negociación desde que expirara el anterior convenio, el 31 de diciembre de 2010.

"Hemos logrado el consenso final, pese a que no deja contento a ninguna de las partes -ironiza- pero al menos se consigue un punto de equilibrio" en el que empresas y sindicatos han cedido.

Esta patronal -una entidad que agrupa a 800 empresas y 40.000 trabajadores-, acepta subidas laborales -aunque no indexadas al IPC- y se compromete a que el acuerdo salarial seguirá vigente todo el tiempo que sea necesario en el caso de que no haya futuros acuerdos, al tiempo que las empresas renuncian a la pretensión de eliminar el "plus por ruido" que cobran algunos asalariados.

Por otra parte, se pondrá en marcha "una bolsa de horas" que permitirá a las empresas ganar en flexibilidad al tiempo que se abrirá una mesa de seguimiento del convenio posterior para intentar "en tiempo de paz" con los sindicatos avanzar en mejoras laborales y en competitividad, en un momento de fuerte internacionalización.

El secretario general de la Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (Aprosa-Anec), Manuel González, ha resaltado que "por fin" se rubrica el convenio, que afectará a 68 empresas de esta organización y reconoce que han tenido que ceder a los sindicatos para aceptar el mantenimiento del "plus de ruido" que supone un fuerte impacto en los márgenes de este tipo de compañías.

Fuentes de la Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos animales (Anagrasa) -38 empresas afectadas- indican que ha sido una larga y dura negociación: ya se cuenta con un acta de acuerdo entre los negociadores de la patronal y UGT -que establecía el 19 de noviembre como fecha límite para la redacción del nuevo convenio-, que no rubricó aún CCOO.

El nuevo convenio se rubricará, confirman fuentes de UGT y CCOO y de patronales, en la sede madrileña del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).