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Asturias defenderá ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que el mantenimiento de la actividad agraria y la creación de empleo, tanto directo como indirecto, sean dos criterios ineludibles para ser beneficiario de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Este será uno de los puntos que el Gobierno del Principado llevará a la reunión del denominado Grupo de Alto Nivel, que se celebrará el próximo lunes, en Madrid, al que asistirá la directora general de Ganadería, Rosa Urdiales, y que preparará las conclusiones que se elevarán a la Conferencia Sectorial de la semana siguiente con presencia de los consejeros autonómicos, explica la Consejería de Agroganadería del Principado en un comunicado.

Este departamento, que ha firmado un documento conjunto con las organizaciones agrarias UCA, ASAJA y COAG, difiere de varios de los planteamientos que propone el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete.

Su consejera, María Jesús Álvarez, plantea que únicamente puedan ser beneficiarios de las ayudas aquellos que mantienen actividad agraria y que los ingresos provenientes de esa actividad signifiquen un porcentaje representativo de ingresos por rendimiento de la actividad agraria y no de ingresos procedentes del cobro de ayudas.

De esa forma, indica que el número de beneficiarios que saldrían del sistema liberaría gran cantidad de recursos para quienes realmente realizan la actividad agraria y haría más atractiva la incorporación de jóvenes y el rejuvenecimiento del sector.

La consejera considera "inaceptable" un modelo de aplicación de la PAC como el de hasta ahora, que permita que beneficiarios sin actividad agraria reciban importantes recursos de la PAC.

Por otro lado, la Consejería también mostrará su discrepancia sobre el porcentaje de algunas ayudas.

Desde Asturias se defiende que, al menos, se incorpore al pago base el 50 por ciento de las ayudas a la vaca nodriza mientras que el Ministerio proyecta que sea del 25 por ciento.

Además, otra crítica que se mantiene tanto por la Consejería como por los sindicatos agrarios de Asturias, tal como se contempla en el documento conjunto, es el modelo planteado con el "greening" (enverdecimiento), al considerarlo un apéndice de las cantidades de recursos que se ingresan por los derechos de pago base, lo que lleva a una homogeneización y no a un reconocimiento de modelos productivos que realmente tengan un efecto beneficioso sobre la conservación de los recursos naturales.

Desde el Principado también se exige que el modelo español reconozca la fragilidad de las producciones, tanto ganaderas como agrícolas, realizadas en zonas de montaña, dotándoles de protección a través de la aplicación de recursos económicos de forma específica.

La Consejería defiende que el pago asociado sea un elemento corrector de aquellas distorsiones que la aplicación del modelo de regionalización de los derechos de pago base pueda generar.

Por otro lado, la Consejería de Agroganadería ha mostrado su preocupación al no haber hecho aún el Ministerio de Agricultura una propuesta concreta de reparto de las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).