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La organización agraria UPA estudiará la posibilidad de impugnar la ley de representatividad agraria aprobada hoy por el Congreso de los Diputados por "falta de garantías democráticas", ya que la norma plantea realizar una "consulta" que no se regirá por las garantía de la ley electoral.

"Vamos a valorar las posibilidades (jurídicas), sin descartar recurrir ante el Supremo, Constitucional o Tribunales europeos", ha adelantado a Efeagro el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, por lo que estudiarán las fórmulas más adecuadas.

Alarcón ha denunciado que, finalmente, el Gobierno y el PP "han optado por sustituir una ley con amplio consenso en lo político y social" -que contaba con el respaldo de PP, PSOE, otros grupos y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA-, por otra nueva, la aprobada hoy, "que goza del rechazo social" y que "no ha sido negociada" con el sector.

En su opinión, tampoco ha obtenido el respaldo parlamentario, ya que "ha sido rechazada por todos los grupos políticos", excepto el PP, en el Pleno de hoy.

A su juicio, la ley sigue adoleciendo de los mismos defectos que se incluían en los primeros borradores del Ministerio.

"Se ha buscado un procedimiento absolutamente extraño, y para nosotros no es válido ni homologable para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias", ha insistido.

Se trata, según ha reiterado Alarcón, de una consulta y no un proceso electoral con todas sus garantías, por lo que no respetará los principios democráticos esenciales.