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La Junta de Andalucía ha propuesto al Ministerio de Agricultura una revisión de las ayudas asociadas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para incluir el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro y la ha cuantificado unos 46 millones de euros aproximadamente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha analizado la propuesta que remitió el viernes la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural al Ministerio, la consejera, Carmen Ortiz, ha incidido en que está avalada por informes técnicos y ha afirmado que es una "tirita en la gran herida" y el "hachazo de 902 millones" que ha supuesto para Andalucía el reparto que ha hecho el Gobierno de las ayudas de la PAC.

La Junta ha vuelto a pedir, al igual que hizo en 2014, que se corrijan las ayudas asociadas de los sectores vulnerables, con baja rentabilidad y con un impacto ambiental importante, y lo ha hecho ahora porque el 1 de julio es la fecha límite para que se puedan corregir, ha explicado la consejera.

El Ejecutivo autonómico ha pedido al Gobierno que corrija el "error" de no haber incluido al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro en el régimen de las denominadas 'ayudas asociadas', aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades y cuyo mantenimiento se considera estratégico por motivos económicos, sociales y medioambientales.

Para el olivar en pendiente, la Junta plantea una ayuda asociada de entre 27 y 108 euros por hectárea, dependiendo del tamaño de las explotaciones y con una modulación a partir de las cinco hectáreas de superficie.

Andalucía cuenta con 392.090 hectáreas de este cultivo en pendiente superior al 20 %, factor este que limita la rentabilidad al incrementar los costes por la dificultad del empleo de maquinaria.

Respecto a la uva pasa, se propone una ayuda asociada de 566 euros por hectárea para completar la renta de unos productores que no tienen alternativa de cultivo.

En este caso la pendiente media se eleva al 4 5 %, lo que hace imposible el empleo de medios mecánicos y la práctica de agricultura intensiva.

La superficie de las plantaciones es ahora casi la mitad que hace diez años, con 1.275 hectáreas concentradas en las comarcas malagueñas de La Axarquía y Manilva, donde la vid es el principal freno a la desertización.

Con el mismo objetivo de evitar el abandono del cultivo y el riesgo de deslocalización de su industria asociada, para el trigo duro se propone una prima de 40 euros por hectárea y modulada al 50 % a partir de las primeras 50 hectáreas.

En relación con los sectores que cuentan con una ayuda asociada en la nueva PAC como es el caso de la remolacha de siembra otoñal, la Junta solicita incrementar en casi 1.000 hectáreas la superficie máxima admisible y elevar a 535 euros por hectárea el importe unitario de la ayuda, pues su diseño parte de extensiones inferiores a las medias sembradas y de unos costes menores a los reales.

Tampoco el actual diseño diferencia entre las nuevas plantaciones de frutos de cáscara, con buenas condiciones de suelo y en regadío, de las tradicionales en secano y alta pendiente.

Para evitar el riesgo de abandono, la Junta plantea una ayuda diferenciada con un importe unitario equiparable al establecido para los territorios insulares, es decir, que sea un 36 % superior al de la zona peninsular.

En el sector ganadero, propone un incremento global de 5,69 millones en la ayuda unitaria al caprino con el fin de compensar sus márgenes negativos, superiores a los considerados por el Ministerio en el actual modelo, y que se están viendo agravados por la continua caída del precio de la leche.

Para el vacuno de leche de zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales, el principal elemento de revisión se orienta a que la prima unitaria para las 75 primeras vacas se mantenga hasta las 150.