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La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) ha denunciado hoy que el sector no puede asumir una reforma de la PAC (Política Agraria Común) que podría comportar la pérdida de 40 millones de euros de ayudas directas a Cataluña, según apunta el informe que ha elaborado a partir de la primera simulación que dio a conocer el Ministerio de Agricultura.

Según ha informado la FCAC, esta es una de las principales conclusiones del estudio sobre las consecuencias de la reforma de la PAC para las cooperativas y los productores catalanes, que la federación ha dado a conocer hoy en Lleida.

El vicepresidente de la FCAC, Joan Segura, ha señalado al respecto que "es inadmisible una PAC que penaliza las zonas de secano y los pequeños productores, provocando graves distorsiones del mercado agroalimentario".

Asimismo, ha explicado que el olivo, la viña y la fruta serían sectores muy perjudicados en Cataluña, que además se verían sometidos a un trato discriminatorio respecto a otras zonas.

En concreto, mientras las ayudas de pago base al olivo se situarían en unos 280 euros por hectárea en Cataluña (con gran heterogeneidad según las comarcas), en determinadas zonas de España las ayudas subirían hasta los 800 euros por hectárea.

Un caso similar se da con la viña, ya que la mayoría de la superficie no percibiría ninguna ayuda, mientras que en otras comunidades autónomas las subvenciones llegarían a los 700 euros por hectárea.

En el caso de la fruta y la huerta, habrá explotaciones que recibirán ayudas de pago base y otras no.

Joan Segura ha asegurado también que "no es cierto que se mantenga el 'status quo', como dice el Ministerio al plantear su propuesta" y que "sectores como el olivo, el arroz y el avellano podrían perder entre un 20% y un 30% en relación con la situación actual".

Por todo ello, para la FCAC es imprescindible que el Ministerio defina ayudas acopladas para sectores como la ganadería, el olivo, el arroz y los frutos secos y que se replantee cuestiones como el modelo propuesto de plan de regionalización del pago base, para evitar agravios comparativos que comportan una distorsión y tienen un efecto directo en el mercado.