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El Departamento de Agricultura de la Generalitat interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra los decretos aprobados en 2014 por el gobierno español en aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el nuevo periodo de programación 2014-2020, por considerar que contienen contradicciones manifiestas respecto la normativa comunitaria.

Según ha informado el Departamento de Agricultura, la Generalitat ha analizado jurídicamente estos decretos y considera probado que algunos de sus preceptos no se ajustan a las normativas comunitarias recientemente aprobadas para impulsar la nueva PAC, puesto que continúa con los criterios del anterior periodo y no actúa como revulsivo para conseguir una agricultura realmente competitiva.

Por este motivo, el Departamento ha tramitado un requerimiento previo a la interposición de recurso por la vía contencioso-administrativa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contra dos decretos estatales que regulan los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como la asignación de derechos de régimen de pago básico de la PAC.

El conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha tomado esta decisión después de la negativa del Estado a atender las demandas reiteradas y plenamente argumentadas tanto por parte del Govern de la Generalitat como también desde el propio sector a través de las asociaciones representativas y de los sindicatos agrarios, según las fuentes.

"No podemos aceptar que se perpetúe un modelo de la PAC que sitúa a España como el Estado que aplica una PAC más complicada y más alejada de los objetivos de la reforma; ni que el Estado intente, una vez más, interferir en las políticas que impulsamos, laminar nuestro autogobierno y aplicar un modelo recentralizador que perjudica claramente al sector y que atenta contra nuestras competencias", ha dicho.

El primer tema objeto de conflicto es la definición que hace el Estado del concepto de agricultor activo, y que propicia, en contra de lo que dice el Reglamento de la Unión Europea, que acaben accediendo a las ayudas personas jurídicas o físicas cuya actividad principal no esd en ningún caso es la agricultura o la ganadería, tal como ya denunció el sindicato Unió de Pagesos.

Además, de las diversas normativas publicadas se desprende que quedarían excluidos de las ayudas los jóvenes agricultores de sectores no incorporados al régimen de pago único.

Por último, la Generalitat denuncia que el Estado no ha querido incluir en la PAC sectores tan significativos para Cataluña como la alfalfa de regadío y el olivo de bajo rendimiento.