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La organización agraria COAG ha advertido que la revisión de la normativa de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea supondría un coste adicional para los ganaderos que encarecerá el precio al consumidor de sus productos, como la carne de pollo, que costaría tres veces más.

Así se desprende del informe que ha realizado COAG sobre el impacto socio-económico de esta revisión normativa, que la organización está presentando ahora a los distintos responsables políticos españoles y europeos, incluida la propia CE.

El estudio de COAG señala que la adaptación a la nueva normativa para granjas de tamaño medio supondría un coste adicional para los ganaderos cercano al millón de euros en avicultura de carne, por encima de los 500.000 euros en porcino y abocaría prácticamente al cierre al 95 % de las granjas cunícolas.

En detalle, en lo que respecta a la ganadería avícola, COAG da cuenta de que el entre las principales recomendaciones presentadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) se encuentra la reducción en un 72 % del número de aves en las granjas.

Esto, según COAG, supondría la bajada de una tercera parte de los ingresos para el granjero y, en consecuencia, "un aumento de precio desorbitado para perjuicio del consumidor".

El informe de COAG indica que si en la actualidad en los lineales el precio es de 3,25 euros por kilo el pollo entero, de aprobarse la revisión normativa se podría llegar a los 9,75 euros por kilo, casi al mismo precio que el pollo campero.

Además, para el ganadero, el impacto económico de recuperar las plazas de pollos que se ve obligado a reducir sería aproximadamente de un millón de euros de inversión, según la organización.

"El bienestar animal no tiene por qué mejorar con estas medidas. Las naves actuales están preparadas con sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración y sistemas de ventilación que aseguran en todo momento y en todo tipo de circunstancias climáticas, unas condiciones óptimas de temperatura y calidad de aire", ha subrayado el responsable del sector avícola de COAG, Eloy Ureña.

En lo que respecta al porcino, COAG ha detallado que las salas de parto de 16 cerdas deben transformarse para albergar a 12 cerdas como máximo y que para mantener en estas condiciones el censo en una granja tipo de 1.200 cerdas la inversión del ganaderos superaría los 500.000 euros.

"Esta situación se agravaría en aquellas explotaciones más pequeñas, y que ayudan a estructurar el medio rural, favoreciendo a aquellos grupos de gran envergadura que pueden hacer frente a una reducción de densidades a partir de un incremento de la superficie de su explotación", ha expresado COAG.

Respecto al sector cunícola, la organización ha indicado que la potencial prohibición de la utilización de jaulas en la producción de conejos para carne "tendrá una extraordinaria repercusión en toda la estructura productiva sectorial y en el equilibrio de la cadena alimentaria del sector", ya que "cada granja perderá entre un 40 % y un 50 % de producción".

COAG ha destacado que hay que tener en cuenta que el impacto que las nuevas legislaciones puedan tener en los sectores ganaderos no se limitará únicamente a la actividad económica relacionada con la ganadería (mantenimiento de granjas, mataderos o fábricas de piensos), sino que "también tendrá importantes repercusiones en las empresas locales".