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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado a la administración soluciones para que las explotaciones dedicadas al porcino en España puedan adaptarse para el cumplimiento de la normativa europea sobre bienestar animal.

Según ha apuntado hoy la organización en un comunicado, si las entidades bancarias no facilitan la financiación necesaria para las reformas -estimada en unos 137.000 euros de media- unas 20.000 granjas serán incapaces de adaptarse a la nueva normativa europea lo que podría suponer su cierre a partir del 1 de enero de 2013.

La organización, que ha iniciado una ronda de contactos con los consejeros de agricultura autonómicos, solicita a las diferentes administraciones que medien y "busquen fórmulas de financiación público-privadas" para evitar el cierre de las granjas con dificultades para acometer las reformas.

La normativa europea exige un aumento de la superficie mínima por cada animal, un alojamiento diferente para las cerdas gestantes y un revestimiento específico para el suelo de la explotación.

Según los cálculos realizados por COAG, el coste de la adaptación asciende a 250-300 euros por cerda por lo que las explotaciones, que tienen por término medio 500 cerdas, tendrán que afrontar un promedio de gasto de 137.000 euros.

Los ganaderos tienen que hacer frente a la falta de liquidez necesaria para acometer estas reformas y a la dificultad para acceder a créditos bancarios, ha indicado COAG que ha apuntado además a la caída en los márgenes de rentabilidad en los últimos dos años.

Sobre la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), COAG ha pedido que se mantengan los mecanismos de regulación del mercado para mitigar la volatilidad de los precios de las materias primas básicas en la elaboración de piensos, una partida, la de la alimentación, que supone el 70 % de los gatos de una explotación porcina.

España es el segundo productor de porcino de la Unión Europea y el cuarto a nivel mundial, con una producción en 2011 de 5.308 millones de euros, lo que representa el 12 % de la producción final agraria y el 34 % de la producción final ganadera.