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La viceconsejera de Desarrollo Rural de Castilla y León, María Jesús Pascual, anunció ayer que el Gobierno autonómico y el sector porcino de la comunidad pedirán al Ministerio de Agricultura que atienda sus demandas en cuanto a la nueva norma del Ibérico o que retire el borrador de la futura ley.

Así lo dijo ayer la representante de la Consejería de Agricultura de la Comunidad, en declaraciones a los medios informativos, después de reunirse con miembros del sector para intercambiar sus opiniones acerca del último borrador del Real Decreto de la Ley de calidad del Ibérico que remitió el Ministerio a las comunidades autónomas el pasado 4 de diciembre.

Existen dos puntos "perjudiciales" para Castilla y León y que "empeoran" el borrador anterior, ha advertido.

Pascual ha asegurado que negociarán con el Ministerio de Agricultura esas "líneas rojas" y le pedirá que acepte las dos reivindicaciones o que retire el borrador, "perjudicial" para la comunidad, y que se intensifiquen los controles.

Ha explicado, en primer lugar, que una de las peticiones de Castilla y León es que se incluya el porcentaje de factor racial en el etiquetado para aportar información al consumidor, pero que funcione de manera independiente al nombre comercial del producto, como ocurre en otros ámbitos como el del queso.

En ese sentido, ha expresado que "no se pueden cambiar las reglas del juego" ahora, ya que existen unos "nombres comerciales consolidados que ya eran costumbre desde los años cincuenta", y que ésos "tienen que seguir en el mercado" porque los consumidores los identifican.

El segundo punto de discrepancia es que el borrador "no establece ningún periodo transitorio", ni para adaptar el etiquetado ni para adecuar las explotaciones, ha considerado.

A juicio de la viceconsejera, la adaptación de las instalaciones supondrá un "encarecimiento en los costes de producción de más del diez por ciento" a los ganaderos y "disminuirá" la materia prima en el mercado.

La Junta de Castilla y León mantiene la esperanza de que el Ministerio rectifique sobre todo en esos dos puntos "rojos" y luchará por que se escuchen las reivindicaciones de la comunidad autónoma.

Pascual ha detallado que desde el primer borrador que recibió Castilla y León el pasado mes de julio, hasta el tercero, este mes, "no tienen nada que ver", ya que en vez de clarificar la información al consumidor se "han cambiado las normas del juego".

El presidente de Iberaice, Carlos Díaz, considera "inadmisible" el último borrador presentado por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete porque a él se opone el "87 por ciento" de la industria del sector.

Díaz ha explicado que la propuesta del Ministerio es "un atentado contra la industria de la Comunidad" porque tendrá consecuencias gravísimas", más aún en el periodo de crisis económica.

A juicio del presidente de Iberaice, la norma se está planteando como una "eliminación de competencia" y se están atendiendo las demandas, sobre todo, de las industrias de Andalucía.

Para Díaz, "no es verdad" que la reforma de la Ley del Ibérico se esté haciendo en beneficio del consumidor, sino que se le está confundiendo.

Por su parte, el representante de los productores agrupados en Ibercyl, Nicolás Llorente, ha señalado que se oponen al último borrador porque "confunde" a los compradores y porque se encarecerán sus costes y se reducirá la producción cerca de un cincuenta por ciento.